Las publicaciones difusoras de la ciencia a nivel mundial enfrentan nuevos retos día a día. El debate actual se encamina al polémico asunto del acceso abierto, en el que existen dos posturas totalmente encontradas: la primera, impuesta desde el norte, está totalmente dominada por las grandes editoriales comerciales, en donde ellas deciden lo que se considera ciencia y lo que no, cuál publicación es válida e importante y cuál no tiene mérito alguno, pero todo ello lo hacen usando los productos de investigaciones financiadas con dinero público, con el dinero del pueblo, y luego esas mismas “trasnacionales del conocimiento” nos revenden nuestros propios productos, y según sea el consumo que se haga de él, es la importancia o el nivel de impacto de una publicación. Es un sistema completamente perverso y no se explica cómo es que las instituciones que rigen la ciencia en varios países (sobre todo latinoamericanos) han caído en ese juego, en donde se les regala un producto que le costó al erario de un país, y que luego se los volvemos a comprar traducidos en índices de revistas de calidad, en donde una mayor venta representa mejor nivel de cientificidad.

Muchas de las publicaciones indexadas ahí debieron cumplir con una serie de requisitos impuestos por las propias editoriales en donde resulta indispensable el uso (consumo) de alguno de los productos que ellos mismos ofrecen. Son las publicaciones conocidas como APC (article processing charge), en donde alguna parte del proceso de revisión-edición-publicación tuvo un costo adicional para el investigador. En pocas palabras, lucran con el conocimiento generado por miles de científicos, quienes se ven obligados a repetir ese círculo vicioso porque luego la institución científica de su país evaluará su productividad con base en los mismos criterios impuestos por estas grandes “empresas del conocimiento”.

A la par, existe otra visión que procura el total acceso abierto, en donde el conocimiento generado con recursos públicos se convierte, no en un bien social, sino en un derecho que debe garantizarse a cualquier persona, con entera libertad y gratuidad. Varios países europeos ya se han manifestado a favor de esta postura alterna y han desafiado a las grandes empresas monopolizadoras del conocimiento, de modo que se estima que en un par de años la misma Unión Europea garantizará el acceso abierto en la difusión de la ciencia.

A nivel regional, en América Latina existen dos pronunciamientos que procuran liberarse de las ataduras comerciales en la evaluación de la ciencia, con vistas a consolidar el llamado “sur global” como contraposición a esa visión hegemónica mercantilizada: el primero de ellos es la llamada “Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación” (DORA),¹ declarada el 16 de diciembre de 2012, como producto de la reunión anual de la American Society of Cell Biology (ASCB), y que ha sido firmada por más de 500 revistas iberoamericanas que se pronuncian por métricas y evaluaciones más apegadas a sus contextos nacionales y regionales.²

El otro pronunciamiento, del que ya se habló en el número 16 de Intersticios Sociales, es la “Declaración de México a favor del ecosistema latinoamericano de acceso abierto no comercial”, misma que fue signada por LATINDEX, REDALYC, CLACSO y el IBICT, y que se propone garantizar la protección de la producción académica y científica en acceso abierto.³

No está demás decir que Intersticios Sociales se ha adherido a ambos pronunciamientos, no por negarse a incursionar en el mundo de las métricas y avances técnicos propios de las revistas difusoras de la ciencia, sino porque El Colegio de Jalisco, institución editora, tiene entre sus principios fundacionales “compartir e intercambiar los conocimientos y experiencias generados con motivo de su objeto, con la comunidad académica y la sociedad en general”, así como “difundir los resultados de sus investigaciones mediante la publicación de libros y revistas y cualquier otro medio de difusión”,⁴ todo ello sin fines de lucro. Por tanto, la revista de esta pequeña casa académica no puede menos que ser congruente con su propia esencia y, claro está, también apoyar el acceso abierto a la ciencia y manifestar su rechazo a métodos de evaluación más encaminados a los fines comerciales que a la propia difusión científica.

Por todo esto, en Intersticios Sociales garantizamos a todos nuestros autores, revisores y miembros de los diversos comités, que estamos comprometidos con el avance de la ciencia y la difusión de la misma, pero no a costo de lucrar con sus obras ni de hacer mal uso de los recursos públicos que recibimos. Es por ello que en fecha reciente nos unimos a los firmantes de las “Propuestas para la Política Nacional de Ciencia y Tecnología”, convocada por la Red de Directores y Editores de Revistas Académicas y Arbitradas de la UNAM-Seminario Permanente de Editores, a invitación expresa de la propia titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Dra. María Elena Álvarez Buylla, con la firme esperanza de que la ciencia mexicana sea debidamente revalorada en su contexto nacional, regional e internacional.